BALTASAR GARZÓN: MÍDIA E MITO



Todos aqueles comprometidos com a democracia e com o socialismo repudiam a perseguição ao juiz Baltasar Garzón. Isso é óbvio. Menos óbvia, no entanto, é associar a figura do juiz, por conta do odioso processo movido pela justiça espanhola, causado, na verdade, pelo fato de ousar tocar o dedo na ferida da guerra civil, à imagem de defensor dos direitos humanos e ídolo de uma esquerda cada vez mais desorientada. 

Se devemos combater o uso de instrumentos legais pelos herdeiros de Franco para evitar o esclarecimento de crimes impunes contra a humanidade [processo universalmente empregado pela burguesia para se livrar ou para justificar os seus crimes], devemos também observar que esse combate não é propriedade de ninguém, ou melhor, mais do que Garzón, sãos os milhares de sobreviventes e descendentes dos mortos da luta fratricida espanhola os legítimos protagonistas do processo de esclarecimento dos crimes contra a humanidade praticado pelos franquistas, com todas as consequencias legais que tal ato implica. 

Se nesse momento o próprio Garzón é um caminho para que isso aconteça, ótimo. Mas a luta não se esgota no gesto do juiz, nem tal iniciativa o transforma em ídolo dos defensores dos direitos humanos ou ícone da esquerda. Acreditar que mudanças na sociedade surjam por intermédio de decisões da Justiça é acreditar em Papai Noel, Fadas e Gnomos. 

Isso não desqualifica nem invalida avanços democráticos via judiciário, apenas chama a atenção para os estreitos limites desses avanços.

 Confesso que não conhecia a face hedionda do juiz. O desprazer foi imenso, fiquei enojado. Preciso voltar a ler O médido e o monstro, de Robert Louis Stevenson.

Zantonc 




Organizaciones de derechos humanos de Madrid, Andalucía
y el País Vasco hablan del verdadero Garzón

 
El pasado 10 de abril el canal 2 de la TVE emitió el documental «El alma de los verdugos” codirigido y copresentado por el Juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. El contenido del documental supone posiblemente un espaldarazo a quienes durante tantos años buscan el reconocimiento y la reparación de los cientos de víctimas que sufrieron las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, en definitiva el terrorismo de estado en Argentina, Chile u otros países de Latinoamérica entre los años setenta y ochenta. Siempre es bueno que la tortura se denuncie, y es cierto que el documental puso sobre la mesa una realidad lacerante.

Sin embargo, dudamos, y así lo hacemos público, que la persona más adecuada para vehiculizar esta denuncia sea el juez Baltasar Garzón, quien fue presentado a sí mismo como una autoridad en materia de perseguir a torturadores.

Como el propio Vicente Romero –codirector del documental- aseguró “continúa habiendo torturas en otros lugares, continúa habiendo secuestros, desapariciones y cárceles secretas”. Precisamente Garzón en su actividad diaria al frente del tribunal especial antiterrorista que es la Audiencia Nacional conoce perfectamente esta realidad, de primera mano, siendo que emana de él mismo la orden de incomunicar a las personas acusadas de terrorismo, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas.

Y es que la impunidad de los torturadores no es, algo que afectara sólo a las dictaduras del Cono Sur americano sino también al Estado español. Las recomendaciones reiteradas por el Comité para la Prevención de la Tortura y del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Comité de Derechos Humanos, del Comité Contra la Tortura y del Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, así como de organismos no gubernamentales de la talla de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Mundial Contra la Tortura denuncian un sistema que facilita o ampara la existencia de un cuadro grave de torturas en el Estado español donde, según denuncian las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito, en lo que llevamos de siglo XXI se estarían produciendo más de 700 casos anuales de denuncias de torturas y malos tratos que afectarían a personas de todo tipo y condición.

Pero esas denuncias -y las condenas- no son únicamente genéricas, también apuntan directamente al coautor del reportaje Baltasar Garzón: En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, electrodos, dificultar el sueño, amenazas y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse. El caso fue resuelto 12 años después en sentencia de 2 de noviembre de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que señaló que tenía la convicción de que la investigación de las denuncias no hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados».

Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi cinco años después de la denuncia- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.

También el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa menciona al Juzgado que dirige Garzón en su informe de la visita de enero de 1997. En dicho informe recoge las alegaciones de tortura sufridas por el ciudadano vasco Jose Arkauz considerando su testimonio “detallado y coherente” contradiciendo la versión dada por el juez ocultando estas torturas en la que sostiene que con Arkauz se cumplieron escrupulosamente “las indicaciones del CPT para prevenir cualquier posibilidad de malos tratos o torturas”. El Comité reprocha al juzgado que no se adoptaron medidas “repetidamente recomendadas por el CPT”, como es la puesta a su disposición un abogado y denuncia además que la actuación del médico forense que lo examinó estuvo plagada de irregularidades.

En estas dos ocasiones Europa funcionó. Porque en el Estado español y en sus tribunales se cumple la premisa expuesta por Garzón en el documental de que «el torturador tortura porque tiene la capacidad que le da el poder hacerlo. En otra situación no lo haría jamás». Pero el juez hablaba de Argentina y Chile.

En diciembre del año pasado el juez anunció una serie de medidas de prevención de la tortura a once islamistas detenidos e incomunicados en Ceuta, entre ellas la grabación en video coincidiendo con la visita al Estado español de Eric Sotas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura. Sin embargo, a lo largo de sus años de instructor en la Audiencia Nacional, han sido cientos los ciudadanos vascos que han denunciado ante Baltasar Garzón haber padecido torturas sin que éste les prestara más atención que un mero trámite burocrático. El 25 de enero la policía detuvo e incomunicó a Iker Agirre, acusado de pertenecer a ETA en una operación supervisada por Garzón. En este caso no adoptó ninguna medida. El joven vasco relató después severas torturas.

Conocemos la actitud de Garzón en el ámbito internacional así como la conocemos en el doméstico, ya que es habitual que vea fuera de las fronteras de su actividad jurisdiccional lo que no ve ante sus narices. Conocemos su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Conocemos de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como conocemos que su actividad en el ámbito internacional no es más que un ligero barniz de defensor de derechos humanos sin que sus acciones hayan pasado de ser testimoniales. Sabemos asimismo la importancia que esto tiene para grupos que, como nosotros, en el arduo trabajo de luchar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la tortura se agarrarían incluso a un clavo ardiendo. El clavo que ha ofrecido Baltasar Garzón a las personas que en este reportaje, sin dudar en su voluntad real, confiaron en él.

Vaya para ellas nuestro cariño y nuestra solidaridad, esperando que comprendan el dolor que nos causa la habilitación que se da a este personaje con iniciativas como esta.

- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA - Andalucía

- Asociación de Juristas Andaluces 17 de Marzo - Andalucía

- Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón - ASAPA -Aragón

- Acció dels Cristians per l´Abolició de la Tortura -ACAT - Catalunya

- Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona - Catalunya

- Memoria Contra la Tortura - Catalunya

- Asociación de Abogados Vascos –Eskubideak - Euskal Herria

- Observatorio Vasco de Derechos Humanos - Behatokia - Euskal Herria

- Salhaketa Bizkaia - Euskal Herria

- Torturaren Aurkako Taldea - TAT - Euskal Herria

- Asociación Libre de Abogados - Madrid

- Centro de Documentación contra la Tortura - Madrid

- Centro de Asesoría y Estudios Sociales- CAES - Madrid


DOSSIER GARZON

La paradoja de Garzón

por Jorge del Cura (*) Centro de Documentación contra la Tortura
y varias firmas más

No es baladí apuntar que en su actuación [Garzón] ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz
Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.

Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas.
En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.

Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la «patente desviación de los hechos objeto de esta causa» que denuncia en su recurso, o la instrucción «sesgada» de que se considera víctima, «que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla» no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga.

Pero es que, además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de «defensor de derechos humanos» sin repasar su currículum al respecto.
No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envene- nada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.
No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su pre- ocupación al respecto.

No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.
No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT «detallado y coherente» y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas «repetidamente recomendadas por el CPT» para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».
Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.

Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.
Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.

(*) Junto a Jorge del Cura, firman este artículo Ramom Lôpez-Suevos Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa -Araba), Carlos Hernández (Salhaketa -Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos).


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